Tradición

Institución pionera en Argentina y en el Mundo en enfocar al Consorcio como consumidor de bienes y servicios; y a los consorcistas como destinatarios finales, o expuestos, de las prestaciones que reciben. Desde hace más de veinte años, en forma ininterrumpida, bregando por el reconocimiento y la cabal comprensión, por parte de las Autoridades Administrativas y Judiciales del amparo y protección legal de esta posición. Desde el 19 de Diciembre de 1996, fecha de creación de nuestro Estatuto Fundacional y puesta en funcionamiento de actividades, hasta la fecha, abriendo senderos para apuntalar a la autogestión, y para inculcar en los Consejos de propietarios el arte de la supervisión

Legitimación

La Matrícula n° 11.121/97 del Registro Nacional obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales, la Resolución n° 15/99 de la Inspección General de Justicia de la Nación y la Resolución n° 18/04 de la Secretaría de Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos otorga el Registro n° 016 de Asociaciones de Defensa del Consumidor nos avalan como la única Asociación Civil sin fines de lucro, concebida, desarrollada y dedicada, exclusivamente, a la Propiedad Horizontal; ejerciendo acciones colectivas por el interés general de Consorcios y Consorcistas, con facultad garantizada por la Constitución Nacional [art. 42] mediante la necesaria participación junto a los Organismos de control, ratificada por la Ley de Defensa del Consumidor de Orden Público Nacional [arts. 45, 52, 54, 55 LDC] y asentada por la Legislación Local [art. 9 inc. i) y art. 17 Ley n° 941, Decreto n° 551/10/GCBA] para Auditar o Denunciar la actividad regulada del Administrador

Proyección

La concepción de nuestros miembros refleja el convencimiento absoluto que las Instituciones sobreviven a la personas, y en ese contexto el esfuerzo de hoy es la perseverancia de mañana, procurando transmitir los conocimientos básicos a toda la comunidad consorcial, mediante Jornadas abiertas y gratuitas (para consorcistas, consejos y administradores); auxiliando a los consejeros con controles periódicos sobre la gestión del Administrador y el cumplimiento de la Ley n° 941/GCBA; y asumiendo la representación colectiva en acciones de clase cuando un mismo evento afecta a intereses individuales con irradiación al conjunto o grupo social involucrado, ya sea ante Autoridad Administrativa o Judicial


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