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Comienza con la posibilidad de cualquier consorcista de convertirse en miembro de ese órgano; pero no cualquier "consorcista" (usufructuario, comodatario, usuario, poseedor o tenedor por cualquier título o sin alguno de unidad funcional) sino solo quienes sean copropietarios [art. 2064 CCCN], es decir, titulares del dominio de la unidad, aunque en un extremo de pureza, implicaría exigir continuamente un certificado de dominio actualizado [art. 25 Ley n° 17.801] para saber si realmente lo sigue siendo;

Si bien exige la Ley que sean copropietarios, no dice que deban habitar el Edificio; es decir, podrían ser miembros personas que tienen allí una unidad para producir renta (alquiler) o quien tiene un local, o una cochera; también deberíamos entender que se extiende a condóminos de una misma unidad, como ser los cónyuges o los hermanos de una heredad; sumando que tampoco indica si deben serlo de una unidad funcional o pueden serlo de una Unidad complementaria genérica, tal el caso de los espacios guardacoches, delimitados internamente con pintura asfáltica y numeración precaria, que se venden a terceros ajenos al edificio (habitualmente cuando la constructora diagrama mayor cantidad de guardacoches que unidades de departamentos);

Dando por consagrada la cualidad de copropietario, se conforma este Órgano optativo (no obligatorio) en la vida Consorcial; que normalmente se entiende como plural, pero que la Ley no invalida sea desarrollado por un solo miembro. No obstante, la idea que sus resoluciones sean consensuadas y tengan la oportunidad de ser debatidas, propician que sea conformado por multiplicidad de miembros;

Superado el preludio, sin indagar más en cantidad, ni residencia ni ajenidad al ámbito del Edificio, la decisión en Asamblea para su nombramiento rige bajo los patrones normales de este Acto jurídico, es decir, por mayoría absoluta por doble cómputo [art. 2060 CCCN primer párrafo] o bien por mayoría simple de presentes, con notificación a los ausentes y compulsa de oposiciones [art. 2060 CCCN segundo párrafo] plasmando nombres e identificación de unidades en el acta de designación;

En cuanto a su vigencia, pueden coincidir o no con la designación del Administrador, pero no quiere decir que vayan atados a los mismos plazos ni parámetros de evaluación, ya que no son parte de la Administración, sino el canal por el cual convergen las múltiples peticiones, reclamos o inquietudes de los consorcistas;

Normalmente se reúnen en sesiones de Consejo que es prudente dejar asentadas en un libro o instrumento de seguimiento de sus tratamientos y resoluciones (pueden ser correos electrónicos); y si bien no tienen el poder de decisión sobre los pedidos de los vecinos, son el nexo de comunicación con el Administrador, con quien entablen un diálogo de intereses, entre quienes peticionan y quien debe cuidar la economía y finanza consorcial; sin olvidar que algunas peticiones solo serán para el tratamiento de determinados temas en Asambleas o tomar medidas de recaudos o interpretación de normativas; es decir, no siempre deriva en una cuestión económica que suponga erogar gastos;

Cuando el diálogo entre Consejo y Administrador no llega a resolución concreta, se convierte en deber de ambos órganos (el ejecutivo y el fiscalizador) de convocar al órgano de gobierno (la asamblea) para que tome decisión; en primer lugar el deber será del Administrador [art. 2058 inc. b) CCCN] y en caso de omisión o dilatación, lo puede hacer el Consejo por sí mismo [art. 2064 inc. a) CCCN]; siendo sin dudas ésta la principal función con que la nueva Ley en la materia [Código Civil y Comercial de la Nación] nutrió a este Órgano, dando la posibilidad a los copropietarios de convocarse en acto válido y suficiente no solo ante el llamado del Administrador, sino por el Consejo también; porque la tercera posibilidad de hacerlo por sí mismos es remota y difícil [autoconvocatoria con dos tercios del total de unidades] y la cuarta tan infrecuente como rechazada ha sido hasta ahora [asamblea judicial];

Sabiendo que los actos válidos de un Consorcio solo pueden partir de la Asamblea, el primer gran paso para tener decisiones válidas es estar bien constituidos en ese Acto, y esto lo hace posible el Consejo; si bien cabe mencionar que ahora también se puede por sumatoria de voluntades individuales, pero solo si se consigue el 100% [art. 2059 CCCN];

En cuanto al poder de fiscalización del Consejo, entendemos debe reflejar su empeño y dedicación para defender el interés general de los vecinos y encuentra primer objetivo en las tareas del Administrador; es decir, pondrán lo que crean entender, con su mejor sapiencia, voluntad y atención, en la medida de sus conocimientos previos, sin obligación de tener que prepararse ni facultarse para ejercer esa tarea en favor propio, ni de los demás vecinos [art. 1725 CCCN]; siendo hasta ese punto que se extiende su responsabilidad, es decir, hasta donde convergen sus buenas intenciones de supervisar e informarse con la lesiva o exagerada desatención, al punto de pasarse de la raya y convertirse en desdén o connivencia con los intereses del Administrador, siempre que sean opuestos a los de consorcistas y perjudiciales para éstos en general o individual; en caso contrario, nunca podrán ser implicados por pérdidas o incumplimientos consorciales, porque el único legalmente obligado a procurar la correcta conservación y seguridad de la estructura, funcionalidad y mantenimiento de las instalaciones fijas y móviles,  y cuidar la salubridad, sanidad, higiene e integridad física de los consorcistas, es el Administrador, con objetivo de resultado final de su actuación [art. 1723 CCCN] y no este Órgano;

También puede, claro está, nutrirse del Asesoramiento profesional suficiente para mejor llevar adelante sus funciones de control y de fiscalización, es decir, requiriendo permanente u ocasionalmente las sugerencias, las advertencias o los visto buenos de contadores, abogados, ingenieros, licenciados o de cualquier otro auxiliar que les respalde el nivel de control que están ejerciendo; si para esto requieren contar con recursos propios, lo cual es más que probable, pueden pedir a la Asamblea, les asigne una partida especial, destinada con ese fin (en interpretación extensiva del art. 2056 inc. u) CCCN] que redundará en mantener a raya los controles de supervisión sobre la administración, como una de sus tareas centrales [art. 2064 inc. b) CCCN] privilegiando el interés comunal, puesto ya en manos de copropietarios [consejo] a la par del conocimiento experto del administrador;

Sabemos que el administrador, dedicado en forma habitual y permanente a su profesión, saca ventajas de conocimientos y habilidades muy por encima del común de los consorcistas, y por esto, si la confianza ya no es tan manifiesta como debiera ser, se vuelve prudente <y hasta necesario> que el Consejo bien se coloque en una paridad que le permita no ser burlado en sus controles, siendo esta tarea bien aprehendida cuando es organizada y relevada por quien sabe y orienta en ese sentido;

En cuanto a la responsabilidad, deben los consorcistas perder el temor que se ha fomentado, creemos a partir de quienes no quieren ser controlados, ya que la Ley no les pone responsabilidad alguna; si bien leen el encabezamiento del articulado que contiene a este Órgano y regla sus funciones, lo hace con el alcance de "Atribuciones" sin mencionar siquiera una sola ?Responsabilidad?;

Atribuciones que por supuesto no pueden transformarse en un desdén lesivo a los intereses generales, ni por dolo (intención prevista de causar un daño) ni por culpa grave (cuando su conducta llega una desaprensión total que supera la ligereza, inexperiencia, impericia o imprudencia) ni en abuso de derecho contra la actividad del Administrador de modo que le impida un ejercicio regular de su gestión [art. 10 CCCN] (cuando su nivel de contralor y exigencias asfixia al Administrador generando imposiblidad práctica de brindar su servicio);

Acuñando las posibilidades de faltas graves que arrojarían los casos de Responsabilidad, las dividimos en las siguientes posibilidades (desconociendo solo por ahora, otras escurridizas que no captamos aún). Responsabilidad que por supuesto es personal y no colegiada, quiere decir, solo atribuible a quien impidió el acto con su negativa o pasividad injustificada, y no quien lo intentó, pero era minoría, en esa decisión conjunta;

a) cuando el consejero co-firmante de la cuenta bancaria consorcial se opone constantemente a librar cheques y el Consorcio entra en incumplimientos sin que pueda el Administrador hacer los pagos por sí mismo, ya que la cuenta funciona en forma conjunta no alternada ni indistinta; caso en el cual sería responsable por los detrimentos económicos derivados de incumplimientos contractuales o imperativos de organismos reguladores (AFIP, AGC?);

b) cuando el consejero impidiera utilizar los fondos de reserva [art. 2064 inc. c) CCCN] a pesar de orden directa de la Asamblea de emplearlos para determinada finalidad prevista, y cualquier consorcista iniciara luego una denuncia contra el administrador por incumplimiento a la manda consorcial [art. 9 inc. a) Ley nº 941; art. 2067 inc. b) CCCN] generando multa administrativa o remoción judicial con causa del administrador, que se vio injustamente privado de disponer con los fondos que debió contar para poder cumplir; alcanzando su responsabilidad a la consecuencia económica de la multa recaída sobre el Administrador en un caso [art. 16 Ley n° 941] o las demostradas por revocación sin causa en el otro [art. 1331 CCCN];

dentro del mismo presupuesto, por ejemplo, que tales fondos se destinaran a cumplir con la remodelación del frente del Edificio, en cumplimiento de la Ley local nº 257, y su detenimiento o inejecución permanente generara infracciones y multas; situación en la cual será responsable por los montos que pudieron evitar ser condenados;

c) aparecería cuando el consejero recibiera el pedido de verificar el deterioro en una unidad, presentado con carácter de urgencia, y no exigiera al Administrador que la constate, ni concurriera por sí mismo, generando que el propietario deba hacer la reparación urgente, y luego al serle reconocida la premura y los montos por el resto de los vecinos en Asamblea [art. 2054 CCCN] esos montos fueran desmedidos frente a los que pudiera haber conseguido el Consorcio, verificándose la culpa grave del consejero por denostada actividad, cuando pudo o debió intentar salvarla con los medios y alcance normal; siendo pasible, entendemos, de compensar esos sobreprecios;

d) puede aparecer cuando el Administrador, a pedido de uno o varios consorcistas que llegan al 5% necesario para impulsar un llamado de Asamblea [art. 2058 inc. b) CCCN] no la cita, y el Consejero, en conocimiento de esta actitud irregular, en lugar de suplirla y llamar a la Asamblea, siguiera sin convocarla, gestando la acción judicial de aquél 5% sumado ahora hasta alcanzar el 10% [art. 2063 CCCN] y el acceso a los tribunales generara gastos consorciales, tales como tasas judiciales, bonos del colegio de abogados, honorarios de letrados, representaciones, poderes y cualquier otro gasto que se pudo haber evitado, entendemos deberían reparar los costos que pudieron evitar actuando con diligencia y dentro de sus atribuciones legales conferidas [art. 2064 inc. a) CCCN];

e) puede aparecer cuando el Consejero es convocado por el Administrador para aprobar un certificado de deuda de expensas próximo a ser ejecutado vía judicial [art. 2048 CCCN] y se negare a apoyar la acción, sea por cualquier motivo injustificado, tal como ser la unidad de un amigo, de un pariente o la propia, o porque le parece que debieran hacer quitas o esperas no autorizadas por Asamblea, o sin dar explicación alguna, o por desconfianza a la acción del Administrador, y esta pasividad en dar la aprobación para la presentación judicial generara la prescripción de los períodos que empiezan a superar los dos (2) años de antigüedad [art. 2562 inc. c) CCCN]; entendemos debieran responder por los períodos perdidos por su culpa grave;

f) puede aparecer, cuando el Consejero se convierte en Administrador, por vacancia en el cargo de éste, sea por el motivo que fuere (remoción, renuncia, desplazamiento por vías de hecho, muerte, incapacidad, inhabilitación, suspensión o exclusión del registro público) comenzando a recaudar y a gastar en nombre y por cuenta del Consorcio, en exceso de los treinta (30) días que le prevé la Ley para suplir esa urgencia [art. 2064 inc. d) CCCN] en este caso la responsabilidad pasa a ser la del mandatario sin representación [art. 1321 CCCN] y así continuar hasta la regularización con el nombramiento en Actas por una Asamblea de un nuevo Administrador, debiendo rendir cuentas [arts. 1334, 858, 859 CCCN] bajo la responsabilidad propia del mandatario y no ya del simple gestor útil que tenía interín [art. 1786 CCCN];

Cabe decir que en todo momento y lugar, sea por nota, por acta, hasta por correo electrónico, cualquier miembro del Consejo puede ejercer su libre derecho de renuncia al cargo, ya que se trata de un acto unilateral que no requiere aceptación y que no puede generarle ningún perjuicio, ya que, como dijimos, no hay vínculo de exigibilidad legal para con el Consorcio;

Es decir, su responsabilidad solamente se genera cuando obra mal, a conciencia de estarlo haciendo, o con una culpa grave, es decir, con un alto grado de negligencia, ya que tampoco se trata de conocedores o capacitados en la temática, medidos en la escala de un saber genérico, que no los pone en riesgo cuando se le escapen o filtren cuestiones específicas fuera de su conocimiento previo;

En definitiva, la responsabilidad de cada miembro del Consejo, individualmente debemos juzgarla según intención o culpa alevosa, abusando de su posición en el desempeño del cargo, cuando genera un perjuicio para otros, o para el Consorcio (circunstancia de las personas) [art. 1724 CCCN] que no es ni mayor ni menor a la misma Responsabilidad de cualquier otro consorcista [art. 144 CCCN] que ocasiona daño a otros o al Consorcio, con la única diferencia del uso incorrecto o malintencionado de las facultades que la Ley les da a los miembros del Consejo;

De tal forma, solo generan perjuicios evitables en los seis casos indicados específicamente, cuando pudiendo obrar no lo hacen, sin causas que motiven su conducta pasiva, provocando una pérdida concreta para el patrimonio de otros sujetos de derecho;

La relación entre el Consorcio y el Consejo se da en los siguientes términos legales

= facultad de los copropietarios que asumen el cargo para convocar en Asamblea a sus vecinos [art. 2064 inc. a) CCCN]; para profundizar la indagación, contralor y fiscalización interna sobre el órgano ejecutivo (Administrador) [art. 2064 inc. b) CCCN]; para autorizar la utilización de fondos reservados [art. 2064 inc. c) CCCN]; para ocupar la vacancia de la administración hasta treinta (30) días [art. 2064 inc. d) CCCN]; para recibir los libros, documentación, saldos y rendición final del administrador desplazado [art. 2067 inc. j) CCCN]; para autorizar a un copropietario la realización de reparación urgente en su unidad [art. 2054 CCCN]; para aprobar el certificado de deudas de una unidad previo al juicio ejecutivo de expensas [art. 2048 CCCN]; para firmar en forma conjunta con el administrador la extracción de fondos de la cuenta bancaria consorcial [art.  9 inc. h) Dto. 551/10]; para ejercer las atribuciones que le reserve el Reglamento de Propiedad [art. 2056 inc. u) CCCN];

= responsabilidad del consejero que se niega <injustificadamente> a suscribir el certificado de deuda, por las expensas adeudas que prescriben [arts. 2048, 2562 inc. c) CCCN];

= responsabilidad del consejero que se niega a firmar <injustificadamente> liberación de fondos bancarios por los incumplimientos de pagos consorciales [art. 9 inc. f) Ley 941 GCBA];

= responsabilidad del consejero que se niega <sin motivos> a convocar Asamblea ante la ausencia o inacción del Administrador, por las costas de una Asamblea Judicial [arts. 2064 inc. a), 2058 inc. b) y 2063 CCCN];

= responsabilidad del consejero que se niega <injustificadamente> a autorizar gastos imprevistos o urgentes, por los perjuicios o gastos extras [arts. 2064, inc. c) y 2067 inc. d) CCCN];

= responsabilidad del consejero que se niega <injustificadamente> a avalar reparación de un copropietario ante urgencia de funcionalidad en su unidad, frente a la diferencia entre el monto luego aprobado y el costo con proveedores consorciales [art. 2054 CCCN];

= responsabilidad del consejero que excede treinta (30) días, por los saldos injustificados de su propia rendición de cuentas, producto de la recaudación y gestión de gastos consorciales [art. 2064 inc. d), 1786, 1787 CCCN]-