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El Consorcio se forma sobre una estructura edilicia (de una o varias plantas) con la idea de compartir la convivencia de dos o más unidades independientes en lo funcional pero interdependientes en lo legal. En este aspecto legal asume calidad de Persona Jurídica, es decir, una ficción que representa la voluntad de todos sus componentes, y asume primariamente su responsabilidad. Esta fisonomía práctica, dinámica y económica surte efectos a fin de relacionarse con ajenos (empleados, proveedores, suministros, bancos) y para exigirse la regulación interna con una autoridad superior a cada miembro.

En este marco legal de Persona Jurídica, es innecesaria la autorización Estatal previa para darle comienzo a su existencia, ya que depende de un acto multiplural de celebración de un contrato multipartes, llamado Reglamento;

Pero puede entenderse que es una Autorización Estatal el visado previo de Catastro sobre los Planos siempre que respeten el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano; o que es una Autorización Estatal para comenzar el asentamiento instrumental que hace el Registro de la Propiedad Inmueble sobre el Reglamento y aquéllos Planos; como también puede interpretarse como Autorización Estatal la delegada a un funcionario nutrido de Fe Pública, en calidad de funcionario, al plasmar la redacción de ese Reglamento en una Escritura Pública, antes de poder inscribirlo. Se podría preguntar si los funcionarios del Registro Inmobiliario o el Escribano interviniente, como funcionario delegado del poder ejecutivo pueden impedir asentar cláusulas notoriamente abusivas o discriminatorias, o vejatorias, o altamente contraproducentes para los adherentes?;

Seguramente lo pueden hacer, actuando dentro de sus facultades inherentes a la organización social, siguiendo los lineamientos de una temática habitacional, sobre la cual predomina el interés público por sobre el privado de confortabilidad. Pero a este efecto específico, en toda la materia análoga, de asociativismo humano con un objetivo predispuesto (no siempre económico) como sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones civiles, congregaciones religiosas, esta tarea la cumple la Inspección General de Justicia (I.G.J.), siendo el organismo estatal en el cual se inscriben los Estatutos, sus Modificaciones, la designación de autoridades, sus balances, memorias y cuentas aprobadas, y quien asume el compromiso y la potestad de investigarlas, indagar, inquirir, inspeccionar, fiscalizar externamente, y hasta intervenir; lo mismo hace el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre las cooperativas y mutuales;

En consecuencia, adentrados los Consorcios en igual categoría jurídica de Sujeto de derecho, corresponde ser ingresado y fiscalizado externamente por la IGJ, claro que si lo omite o dilata por ahora se debe a la sencilla razón de incorporar, de un golpe, a más de sesenta mil (60.000) nuevos vigilados a sus tareas, quintuplicando su cúmulo organizativo;

No obstante, debemos tener presente a fines de otorgarle importancia al asunto, que muchos Consorcios, de entre esos miles, superan las cien (100) unidades y otros muchos superan ampliamente los movimientos económicos de Pequeñas y Medianas Empresas Societarias (PyMES); y esto descontando que se trata de los componentes y de todo el grupo de terceros afectados a tareas fijas u ocasionales, programadas o urgentes, en estas moles que copan la geografía de las grandes urbes;

La relación del Consorcio con la Inspección General de Justicia en términos legales sería

= situación jurídica (pendiente) con el organismo administrativo de control externo sobre los Consorcios, que puede imponer obligaciones registrales, estatutarias, de contralor, inspección, veeduría e intervención del Consorcio [Ley 22.315, 26.047; art. 148 inc. h) CCCN]-

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