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A partir del 1º/08/2015 nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es Ley Especial en Propiedad Horizontal, derogando a la anterior [Ley nº 13.512] con una jerarquía que se impone a otras Leyes, Decretos, Resoluciones y/o Disposiciones Locales; y a los Reglamentos de Propiedad y a las Actas de cada Consorcio [art. 148 inc. j) y 150 CCCN] presentando en los artículos 2037 a 2069 CCCN una Estructura, Contenido y Elementos [arts. 1884 y 1887 inc. c) CCCN] que no pueden ser alterados por los Reglamentos de Propiedad ni por las Escrituras particulares [art. 962 CCCN]; que además, por tratarse de contratos de adhesión, algunas de sus cláusulas pueden ser sometidas a revisión o exclusión, cuando resulten desmedidas para el fin que debían regular [art. 989 CCCN];

Respecto a relaciones jurídicas que el Consorcio es Consumidor se imponen Normativas Superiores de Constitución Nacional [arts. 42 y 43] y de la Ley de Defensa del Consumidor de Orden Público [art. 65 Ley nº 24.240];

Desde el punto de vista de este Código Ciudadano, la convivencia en Edificios o en compartimentos multiplurales de una sola planta, es tratada como una forma de adquirir el dominio pleno sobre una unidad funcional (departamento de vivienda, local comercial, consultorio o estudio profesional, depósito, baulera, cochera entre otros) y el dominio compartido sobre los accesos, estructuras, sótanos, terrazas, pasillos, escaleras, cañerías, máquinas, provisión de servicios; definiendo los derechos y obligaciones que se generan en dos ámbitos bien definidos;

a) lo que cada uno puede hacer con su dominio pleno;

b) los límites a lo que cada uno pueda hacer sobre el dominio compartido;

Es decir, cuáles son los requisitos para usar o modificar las cosas materiales particulares o sobre las comunes; y qué libertades existen para constituir, modificar o extinguir derechos personales o reales sobre las cosas particulares o sobre las comunes;

Básicamente se trata de restricciones al dominio puro que se tendría de un inmueble, ya que acá es compartido, lo que genera un acercamiento desde dos puntos diversos

a) el condominio de la cosa material que se comparte (edificio o construcción multicelular)

b) el régimen societario que impera en la forma de decisiones con los órganos de gobierno (asamblea), de ejecución (administrador) y de fiscalización (consejo);

Se observa del esquema este tipo de disponibilidades, facultades, autorizaciones previas, obligaciones y responsabilidades que genera el cúmulo de acciones u omisiones que querramos adoptar en la vida de convivencia; todo lo cual debe profundizarce con la lectura del articulado del Código, sabiendo que pueden dar orígen a diversas interpretaciones también, con distintos fundamentos;

Esto bajo el manto de una figura de ficción, denominada Consorcio, que sale al ruedo de la vida de relaciones jurídicas como si fuera una voluntad unicelular (como un club o una empresa) con un nombre y domicilio propio, poniendo en juego un patrimonio propio, pero comprometiéndose por todos, porque en verdad está compuesta de una multitud de individuos (consorcistas) que tienen la oportunidad de formar esa voluntad colectiva en el órgano de gobierno (Asamblea) impuesta por mayoría de Votos; mientras que aquello omitido resolver por las Asambleas, lo decidirá el órgano de ejecución (Administrador); quedando en todos los casos como respaldo ante deudas, el conjunto de los bienes de los individuos que la componen [arts. 144, 1757, 2044 CCCN];

Es importante destacar que en forma similar a una Sociedad Comercial o a un Club, también el Consorcio se compone de órganos; uno de deliberación y toma de decisiones, llamado de Gobierno (Asamblea); otro órgano de ejecución de esas decisiones y algunas otras funciones inherentes al cargo de mandatario que desempeña, llamado de Representación (Administrador) y uno finalmente optativo, que puede o no estar, pero es muy conveniente que esté, porque tiene la facultad de convocar asambleas [arts. 2058 inc. b) y 2064 CCCN] y de ejercer un control más cercano y preciso sobre las tareas de quien gasta la recaudación (Administrador);  

En el esquema se puede observar la separación precisa de tareas y funciones de dichos órganos; como también la composición de los elementos que hacen a la identidad del Consorcio, es decir, su nacimiento desde que se inscribe el Reglamento y los Planos en el Registro de la Propiedad Inmueble, y a partir de entonces la posibilidad de escriturar las unidades (siendo todo lo previo Prehorizontalidad) la característica de tener un nombre propio, que normalmente coincide con la dirección de calle y altura municipal, a fines de no repetir homónimos, no obstante lo cual algunos Consorcios tienen nombres de fantasía, lo cual es válido; y finalmente una dirección donde ubicarlos que ahora sí (porque antes no) coincide con el sitio físico donde se yerguen [art. 2044 CCCN] siendo el lugar para notificarlo debidamente, aunque el buzón sea general, y no haya encargado dependiente para repartir los correos, cédulas, intimaciones, formularios, u otro tipo de anoticiamiento, motivo por el cual se sigue utilizando (como antes) el domicilio de la oficina de Administración al efecto (aunque nunca se puede saber concretamente quién es el Administrador actual, a menos de verificar el Libro de Actas previamente);

Cabe resaltar que el Código ha abierto las puertas, ante la injusticia de la vida interna, a la intervención judicial; esto a través del llamado a Asamblea que puede hacer un Juez, del fuero Civil, cuando el amnistrador y el consejo (si hay) omiten convocar al órgano de gobierno y se junta un grupo de propietarios que representa al menos el 10% del total de unidades peticionando esta citación vía judicial, sin que se hayan predipuesto la necesidad de tratar cuestiones "graves y urgentes" con que solían los Jueces liberarse de intervenir durante la vigencia de la Ley anterior n° 13.512 [art. 10]; lo cual significa que ahora la ayuda judicial debe ser inmediata y sin reparos;

Sin que lo mencione el Código también cabría la posibilidad de intervención judicial cuando una minoría se presentara judicialmente a peticionar el desplazamiento del órgano de dirección o ejecución (Administrador) fundado en una causa grave que lo torna peligroso para los intereses generales, aún cuando esté sostenido por el voto de las mayorías; porque acá se impone la tutela de los bienes jurídicos de salud, sanidad, higiene, integridad física y economía de los involucrados, que la Justicia cuida en proteger, si se demuestra su grave afectación, inminente o actual, y aún en silencio e incluso oposición de las mayorías, dado que la particular forma de desarrollarse el desempeño de esta sociedad, que no es comercial sino civil, y por esto poco habituada a las sesiones societarias (asambleas) suele pasar que el auxilio de los Tribunales sea el único medio de solución ante vulneraciones manifiestas de leyes o ante prepotentes vías de hecho, utilizadas para gobernar; es decir, cuando están en juego derechos constitucionales de los ciudadanos (interés individual) que pueden ser afectados en conjunto (acción de clase) por una acción u omisión del Administrador (factor homogéneo) con incidencia de riesgo, peligro o concresión actual o inminente para el grupo (interés general)-